Billeteras para todos en el Parlamento
Escribe: Naysha Llerena
"El Congreso, como un Poder del Estado, tiene su presupuesto para planillas, para este tipo de eventos, también para los salarios, y sí está presupuestado, yo no lo considero ningún derroche", argumentó la Presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, ante la polémica compra de los obsequios para los trabajadores del parlamento por el día de la madre y del padre.
Se obsequiaron a las madres y padres del parlamento billeteras de la marca Renzo Costa, que costaron S/. 335.361. Solórzano explicó que dicho monto está autorizado y avalado en el presupuesto que tiene el poder legislativo.
Sin embargo se reveló que el área administrativa del parlamento notificó no tener dicho monto como presupuesto y pidió se considerara obsequiar chocolates que generarían menos gasto. Pese a ello la compra de dichos regalos siguió en pie por argumentar que debe regalarse obsequios adecuados para los trabajadores.
La Dirección General de Administración (DGA) autorizó la compra de las billeteras usando recursos de fiestas navideñas, esto por sugerencia del jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
“Se hizo la compra a un precio menor que el que tiene el mercado. No es la primera vez que se adquiere esa marca, con la diferencia de que antes solo se compraba a las 24 madres congresistas. Ahora la decisión es no hacer diferencias entre los congresistas y las madres trabajadores, sino dar a todos por igual”, enfatizó Tatiana Guevara, Jefe de Presupuesto.
Guevara resalta que se ahorró más de S/. 70,000 en ambas fechas.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, (Sitracon), Franklin Falla, también dio la cara por la adquisición.
“Es un justo beneficio y merecido además para los trabajadores que han estado tanto años postergados, y donde había discriminación. Todos los padres y madres de familia cumplen un trabajo importante, desde el personal de limpieza hasta el más alto funcionario”, detalló mientras resaltaba el buen trabajo de la Mesa Directiva que dirige Ana María Solórzano para reconocer el mérito de los trabajadores sin importar el cargo u área.
“Esta vez no nos han dejado de lado, nos tratan de igual a igual”, señaló Víctor Sedano, trabajador del área de mantenimiento y limpieza en la rueda de prensa que se dio para explicar el caso.
Fuente: RPP
El desafuero de Yovera
Escribe: Jenifer Zárate
Luego del escándalo relacionado a la ejecución de la sentencia contra Alejandro Yovera, parlamentario que mintió en su hoja de vida, este martes la Mesa Directiva del Congreso de la República resuelve su desafuero.
La excongresista Karina Beteta ocuparía el escaño de Alejandro Yovera, luego que el Consejo Directivo del Parlamento aprobara trasladar el pedido de desafuero al Jurado Nacional de Elecciones.
Sin embargo, desde el 2011, Beteta es investigada por la Cuarta Fiscalía Penal de Lima por el presunto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Una pesquisa anterior de la Cuarta Fiscalía de Crimen Organizado había concluido que Luis Egoavil García, cuñado de Beteta, se dedicaba desde 1983 a la producción, comercialización y exportación de cocaína, como reveló una investigación periodística.
Como se sabe, la oposición insistió durante días que se acate la sentencia del Poder Judicial, al punto de negarse a ofrecer el quórum suficiente durante la presentación del premier Pedro Cateriano, quien intentó solicitar el viernes último facultades especialespara legislar en temas de seguridad ciudadana, finanzas, etc.
Pero Alejandro Yovera también tuvo duras críticas contra Keiko Fujimori, ex candidata presidencial que le dio espacio en su lista al Congreso. “¿De dónde saca plata si no trabaja?”, fue una de los comentarios que tuvo sobre la lideresa de Fuerza Popular.
‘En las investigaciones aparecieron después, hubo una serie de denuncias. Por eso es que yo inmediatamente al primer año renuncié, me di cuenta de que el entorno político de Keiko es sospechoso, está siendo investigado. Se actuaba de forma muy sospechoso, está siendo investigado y había momento en que se actuaba de forma muy sospechosa y ahora está saliendo’, afirmó en una entrevista para El Comercio
En los últimos meses, Alejandro Yovera ha votado en la misma línea que el oficialismo: votó a favor de la ‘Ley Pulpín’, promovida desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); respaldó a Ana Jara y se mostró en contra de su censura; también le dio la confianza al Gabinete Cateriano; y marcó en rojo, cuando se debatió la suspensión de Heriberto Benítez..
Fuente: El Comercio
Denuncian pago de coimas para construir la carretera Interoceánica.
Escribe: Mayra Valera
Informe realizado por portal Convoca recoge irregularidades en su construcción. El hecho involucra a gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García.
Según portal Convoca, empresas brasileñas encargadas de la construcción de la carretera Interoceánica que une Perú y Brasil habría pagaron millonarios sobornos durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García para adjudicarse con la obra.
Todo inicia con la revelación de los informes de la Policía Federal de Sao Paulo, quien estuvo a cargo de la operación “Castillo de Arena”, realizada en 2009. El acontecimiento permitió incautar documentos que involucran a directivos de dichas empresas brasileñas y sacar a la luz el pago de coimas que se habría realizado a políticos y funcionarios para ganar la licitación de obras, financiar campañas y cuentas en el exterior como parte de un sistema de lavado de dinero.
Las empresas brasileñas ganadoras de las licitaciones de los tres tramos de la carretera Interoceánica fueron: Norberto Odebrecht S.A, que junto a Graña y Montero y JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas construyeron el tramo 2, en Cusco, y el tramo 3, en Madre de Dios. Por otro lado, el consorcio Intersur, lo conformaron Andrade Guitierrez, Construcoes e Camargo Corrêa S.A. y Constructora Queiroz Galvão S.A para el tramo 4. Estas empresas fueron beneficiadas con créditos y subvenciones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), entidad vinculada al escándalo de corrupción de Petrobras.
En el informe presentado por Convoca –que involucra el trabajo de 17 periodistas de 5 países distintos– aparece el nombre de Pietro Gavina Bianchi, ex director y consultor del Camargo Corrêa S.A, a quien se le relaciona con el pago de coimas relacionado a la construcción de la Interoceánica Sur entre el 2005 y 2008, es decir, al final del gobierno de Alejandro Toledo y el segundo mandato de Alan García.
Cabe resaltar que desde un principio la construcción de la carretera Interoceánica estuvo marcada por diversas irregularidades. En 2005, se estimó en 800 millones de dólares, en 2008 creció a mil 303 millones de dólares y a marzo de 2015 la cifra costeó los dos mil millones de dólares. Además, según registros oficiales, la obra inició oficialmente sin Estudio de Impacto Ambiental y sin pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Fuente: Convoca
El espíritu político y el voto obligatorio
Escribe: Luis Echevarría
En el año 2009, el entonces ministro de justicia aprista, Aurelio Pastor (actualmente recluido en Ancón II por el delito de tráfico de influencias), presentó una iniciativa de reforma constitucional al Jurado Nacional de Elecciones, sustentada con un primer lote de más de 58 mil firmas, la cual contemplaba la renovación parcial del Congreso y la eliminación del voto obligatorio.
Esta iniciativa populista no tuvo el efecto ni el cauce esperado, sin embargo, generó el debate y hasta el momento existen defensores y detractores con respecto a la figura del voto obligatorio. Los primeros argumentan que es una obligación cívica participar en el proceso electoral en la que se demuestra el interés que tiene cada ciudadano por el país. Hacen hincapié en su naturaleza de “deber” la misma que tiene el pagar tributos o rendir pleitesía a los símbolos patrios.
Los detractores apelan a que el voto obligatorio ocasiona que personas ajenas a las ideologías o doctrinas, que no buscan obtener información con respecto a propuestas y perspectivas políticas, participe en un proceso que designa autoridades y decide el rumbo que tomará el país en los años que dura sus respectivos períodos de administración o gestión. Esta tesis afirma que la participación en democracia es un derecho, más no una obligación.
En las últimas elecciones presidenciales de Chile, se dio un temor dentro de la clase política, debido al recién instaurado “voto voluntario”, ya que se temía la deserción mayoritaria para acudir a las urnas. La entonces candidata, Michelle Bachelet, hizo un llamado a sus simpatizantes para que hicieran saber su decisión no solo en la campaña presidencial si no acudiendo a ejercer su derecho de elegir a sus autoridades.
No solo en este país existe la figura del Voto voluntario, sino también en otros países de la región como Venezuela, Colombia, Ecuador y Costa Rica. En nuestro continente, el mayor referente es sin duda EE.UU. debido a su sólido sistema electoral, en el que los ciudadanos acuden de manera masiva a realizar su voto.
Es válido tener la convicción de que el proceso electoral es crucial para decidir hacia dónde vamos como país, como sociedad en busca de mejor calidad de vida para todos y democracia implica que es un “asunto de todos”. No obstante, es una realidad que gran parte de los ciudadanos no se informa con respecto a los planes que presenta cada candidato, y quienes no se informan, tienden a ser manipulados por la propaganda o la política mediática. Es por ello que quienes deben tener mayor facultad son quienes se informan y poseen ese “espíritu político” que les hace tener la madurez y el criterio suficiente para emitir su voto y decidir firmemente quién o quienes tomarán las riendas del país.
Cambian a fiscal a cargo de la investigación a Nadine Heredia por lavado de activos
Escribe: Nataly Vásquez
Ricardo Rojas, fiscal que estaba a cargo del caso por lavado de activos en el que se investigaba a la primera dama, Nadine Heredia, fue cambiado por el Ministerio Público
Ante este cambio, en una entrevista dada a RPP, Pablo Sánchez, el titular del Ministerio Público, explicó que Ricardo Rojas seguirá trabajando en el caso, pero ahora de apoyo en el caso del lavado de activos de la primera dama, Nadine Heredia, puesto que maneja información relevante y con detalles de la investigación.
Ante esto, Pablo Sanchez, indicó que es la primera vez que la fiscalía incluye a un magistrado de apoyo en una investigación de este tipo de casos ya que, como él lo indica, esto es un mecanismo especial por la naturaleza del caso, la importancia de sus actores para el Estado y a efectos de que no haya cuestionamientos.
No se hará borrón y cuenta nuevo, las investigaciones del fiscal Ricardo Rojas, serán utilizadas por el nuevo fiscala cargo ya que se han entablado diligencias y todo apoyará a seguir su curso.
El nuevo fiscal que asumirá la investigación en el caso del lavado de activos de Nadine Heredia, será el fiscal Lizardo Pantoja, quien también apoya la investigación anterior ya que los nombramientos se dan de esa manera.
El fiscal de la Nación sostuvo que la investigación por presunto lavado de activos que incluye a Nadine Heredia no tiene fines políticos ya que ellos no tienen injerencia de ninguna naturaleza y la primera dama es investigada como cualquier otra persona y es obvio que cause alarma colectiva.
Cabe recalcar que el fiscal Rojas se desempeñaba como fiscal provincial de lavado de activos, pero solo provisionalmente ya que en abril, según lo acordado, el Consejo Nacional de la Magistratura había designado al fiscal Lizardo Pantoja para ocupar su cargo como titular.
Fuente: El Comercio
RPP
"Radicales anti mineros”
Escribe: Mitzi Zuñiga
Han pasado tres meses desde que se iniciaron las protestas en Islay, Arequipa, en contra del proyecto minero Tía María, dejando como saldo 5 muertos y 6 heridos, entre manifestantes y policías.
Oficialmente las protestas iniciaron en 2011, dos años después que Southern Perú iniciara los talleres informativos para dar a conocer el proyecto. El 01 de agosto de 2014, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) mediante Resolución Directoral N° 392-2014-MEM/DGAAM aprobó el segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María. El 28 del mismo mes en el distrito de Cocachacra, se inició un paro de 48 horas contra la aprobación del EIA. La medida fue convocada por la Junta de Usuarios del Valle de Tambo.
En uno de boletines publicados en la página oficial del MINEM de título “Proyecto Tía María” figuran en orden cronológico todos los sucesos que están ocurriendo en Arequipa desde el 2011. Si bien es cierto que existe un grupo de manifestantes anti mineros, también, están los campesinos y los pobladores que protestas a favor de proteger y defender al Valle de Tambo. Es de prejuiciosos calificar de “radicales anti mineros” a todos los que están en contra del proyecto de Southern Perú, tal como lo hace este boletín realizado por una entidad estatal.
Lo que más preocupa de esta situación es que hasta la fecha no se ha generado una mesa de diálogo entre el estado y la población arequipeña. Ante esta indiferencia por parte del gobierno los pobladores programaron un paro macroregional de 48 horas en el sur del país que culminó 27 de Mayo.
Hasta el momento el presidente Humala solo se ha dirigió a la población desde palacio de gobierno, a manera de escudo, para decir “que se le brinde una oportunidad al proyecto minero Tía María” y que no se cancelará el proyecto. Días después a un diario manifestó “La empresa hizo las cosas bien, y así es como se deben hacer. Nosotros estamos tendiendo los canales de diálogo, en coordinación con el Gobierno Regional de Arequipa y esperemos que esto se solucione pronto”.
Parece ser que nuestro presidente ya no se acuerda de las promesas que hizo a la población peruana en el 2011 cuando era candidato a la presidencia. En varios de los mítines que realizó manifestaba lo siguiente: refiriéndose a su partido y respaldándolo dice “nosotros señalamos que la paz social y la paz política en el Perú se va a lograr cuando incorporemos a las comunidades en el diálogo”, pues como hemos podido observar durante los últimos meses nada de lo que propuso se ha cumplido. Otra promesa utópica que dijo fue “nosotros vamos a reducir los conflictos sociales, vamos a derrotar los conflictos sociales a través del diálogo”.
Por mi parte, y quizá la de muchos, ya no se puede creer en este gobierno que aboga más por un proyecto minero que generaría el “incremento del PBI” y “desarrollo infraestructural” en vez de generar un desarrollo sostenible en las comunidades e invertir en la mejora agrícola en el Valle de Tambo
Fuente: MINEM, El Comercio
Rumbo al narcoestado
Escribe: Melissa Orihuela
Calificar al Perú como un narcoestado puede ser para muchos una exageración. No tenemos cárteles en constante estado de guerra como los de Tijuana y Sinaloa que poseen “zonas liberadas”, tampoco tenemos cárteles enfrentándose encarnizadamente con las fuerzas del orden, mucho menos tenemos ejércitos de sicarios que desaparecen a sus enemigos u obstáculos por decenas y a luz del día. El caso más resonante de narcoestado lo tenemos hoy en día en México en donde los tentáculos del narcotráfico han penetrado la estructura política, judicial y social del país azteca. Pero afirmar que México es un narcoestado desde los datos que conocemos hoy en día es soslayar los antecedentes de este nefasto fenómeno. Dicho fenómeno no nació con el poder que goza hoy, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo gracias a una mezcla de complicidad e ineficacia de los responsables a enfrentarla.
En el periodo de evolución del narcotráfico en un Estado se puede observar si lo que busca son cuotas de poder para consolidar su supremacía y garantizar su protección. Desde este punto es necesario entender el fenómeno que vivimos en el Perú. El hecho que no tengamos cárteles enfrentándose por control de grandes mercados de droga y desafiando abiertamente al Estado no quiere decir que no marchamos a convertirnos en un narcoestado. Una ley en el mundo del hampa y el narcotráfico es guardar perfil bajo, la confrontación no es la forma de relación más funcional para el negocio del narcotráfico. La confrontación se da cuando hay un reajuste de cosas entre el narco y el Estado. Tengamos en cuando que la confrontación desaparece cuando las bandas delictivas son reducidas por el Estado o bien por que el Estado se ha corrompido lo suficiente como para dejar de confrontarlos.
Otro mal que viene junto al fortalecimiento de poder del narco es la proliferación de la corrupción. Mientras más corrompida las entidades gubernamentales más las ganancias generadas para el narco. A diferencia el juego de Póker donde se paga “para ver”, el narcotráfico corrompe funcionarios “para que no vean”, se hagan de la vista gorda. El dinero del narco sirve para evitar ser detenido y en caso de ser detenido, no ser condenados.
Ahora bien, teniendo todos esos elementos componentes del narcoestado, definamos la situación actual del país. Antes que Mexico se convierta en un narcoestado, los carteles colombianos empezaron a usarlo en los años 80 como vía de tránsito. Para enero de 1994, debido a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, una especie de colonización económica del país, que se tradujo en un desastre económico, la ruina del campo y la pérdida de puestos de trabajo allanaron el camino. Entonces a medida que el desempleo crecía también crecía el poder del narcotráfico.
Según reveló El Comercio, el narcotráfico mueve en el Perú cerca de S/. 20 mil millones por año y la tendencia es a seguir creciendo. En cuanto al tema de influencia del narcotráfico en sociedad, podemos analizar dos aristas: por un lado, observamos una creciente ola delictiva e incremento del sicariato que guarda, necesariamente, relación con el narcotráfico y por otro lado, según Rubén Vargas la relación entre el Estado y el narcotráfico es “cínica e impune”. En las últimas elecciones regionales y municipales postularon 124 candidatos vinculados al narcotráfico. En la década del 90 se encontró 165 kilos de cocaína en el avión presidencial. Durante el segundo gobierno de Alan García se indultó a una gran cantidad de narcotraficantes y hoy en día con el sonado caso Gerald Oropeza, sus vínculos con el partido al que pertenece, el Apra, refuerza aún más la idea de que vamos marchando, lentos pero seguros, por el mismo camino mexicano.
Siete muertos por conflictos sociales en lo que va del año
Escribe: Álvaro Olivera
En los 5 meses que van del año, ya son 7 los muertos por conflictos sociales que el Ejecutivo no ha sabido resolver. Los enfrentamientos entre policías y trabajadores mineros, en el distrito de San Juan de Marcona, en el sur de Ica, cobraron su primera víctima mortal. En el sétimo día de protestas contra la empresa minera Shougang Hierro Perú, Luis Quispe, de 38 años, murió durante una gresca con la policía.
Los trabajadores protestan por la reposición de 85 trabajadores de Coopsol, contratista de Shoungang, despedidos arbitrariamente, por el abastecimiento de agua potable para todo el distrito y la reducción de las tarifas de energía eléctrica.
Esta nueva muerte de un civil en protestas sociales, llega mientras se cumple el Estado de Emergencia en la provincia de Islay, en Arequipa, que el gobierno decretó durante 60 días, luego de 6 muertes en las protestas contra el proyecto Tía María en el Valle de Tambo.
Los reclamos de la población de Islay en contra del proyecto vienen de varios años atrás. Inclusive, el presidente Humala les prometió, cuando era candidato a la presidencia, a los pobladores del Valle de Tambo que el proyecto minero de la empresa Southern no se llevaría a cabo en su posible mandato, ya que contaminaba el medio ambiente de una zona agrícola. 5 años después, es el gobierno de Ollanta el que incentiva y protege la ejecución del proyecto.
La represión desatada por los efectivos policiales, que incluso sembraron un arma a uno de los manifestantes, desató una ola de violencia e indignación en la población de Islay que durante los más de 60 días de paro, ha dejado cinco civiles y un policía muerto.
Mientras se cumple el Estado de Emergencia en Islay, los policías han ingresado violentamente a domicilios en el distrito de Cocachacra y han detenido a 13 personas que supuestamente participaron en desmanes. Los familiares de los detenidos negaron que estos hayan participado en algún acto violento y denunciaron abusos de los efectivos policiales en los ingresos a sus viviendas.
Todo parece indicar que el Estado de Emergencia hará crecer la indignación en la población de Islay y las protestas no cesarán. Protestas que pudieron ser resueltas hace varios años sin lamentar víctimas.
En los cuatro años del gobierno de Ollanta Humala han fallecido más de 50 personas, entre civiles y policías, por conflictos sociales. Las lamentables políticas que el Ejecutivo ha llevado a cabo para afrontar conflictos, han tenido un costo irreparable para muchas familias y para nuestra tan fragmentada sociedad.
Fuente: Créditos: GEA fotografía